La reciente visita a nuestro país del mandatario estadounidense Barack Obama tiene un significado de estrategia política, económica y hasta comercial. Si bien es cierto El Salvador es un país pequeño con apenas siete millones de habitantes, a través de los años ha demostrado ser un confiable aliado de los EEUU, país que recibe más del cincuenta por ciento de sus exportaciones, así como el gran número de migrantes que ahí se encuentran y las remesas que recibe nuestro país como un importante influjo de ingresos.

Además, El Salvador se encuentra en una posíción territorial estratégica respecto al tráfico de drogas provenientes del sur del continente, ante lo cual EEUU ha concentrado sus esfuerzos para erradicar o paliar tal situación.

La visita de Obama ha venido también ha confirmar la estrecha relación entre los dos países, y ha demostrado que aunque tengamos un gobierno de derecha o de izquierda, nuestra dependencia de los EEUU es innegable.

Todos sabemos del enorme problema de evasión fiscal que afecta nuestro país, pues lastimosamente existen más incentivos para dejar de pagar impuestos que para realizarlos, ya que el sentimiento generalizado es de una pobre eficacia por parte del gobierno con la ejecución de los tributos recaudados. Sin embargo, debemos procurar que dicha situación cambie, y el hecho de que los empresarios de salgan del CES implica un retroceso en esta materia, pues crea un clima de impotencia alrededor de los ciudadanos y de los grandes empresarios, que son quienes deben tener un mayor convencimiento de la transparencia por parte del gobierno y de las buenas intenciones del dialogo. Salirse es una posibilidad que no contribuye a la solución del problema, por lo que es preciso que se den pasos para adelante y se luche por el fortalecimiento de la transparencia, y disminuir o, si es posible, erradicar tal problemática mediante una reforma fiscal a la que se haya llegado por medio del concenso.

"La lucha política está indisolublemente ligada a la lucha económica, por ello la Economía sigue siendo Economía Política." Podemos asegurarnos a través de divesos ejemplos históricos y actuales que son las sociedades democráticas las que alcanzan un máximo desarrollo económico, a diferencia de aquellas en donde la democracia ha sido reducida a su máxima expresión y que ha provocado un ulterior estancamiento del mismo, como es el caso del Chile bajo el mando de la dictadura militar, Cuba y Nicaragua antes de sus revoluciones y los países "socialistas" del este europeo. Y es que hay que tener en cuenta que por desarrollo económico no debemos entender el aumento de las riquezas y producción de un país, sino que un reparto equitativo del mismo, evitando así la excesiva concentración de la riqueza.

Se debe luchar por el establecimiento de un Estado donde sea la sociedad misma la que se encargue de conducirlo mediante la representación legítima de ella y de su participación activa mediante la voluntad popular reflejada en las acciones del gobierno. Es de esta forma, pues, como las naciones podrán alcanzar un sólido desarrollo económico, ya que -citando las palabras de don Hilario Barcelata Chávez- sin democracia política para activar el desarrollo económico ¿qué nos queda? ¿la buena voluntad de nuestros gobernantes?

La inclinación de la respuesta va a depender lógicamente desde el punto de vista a partir del cual se aborde la problemática, por lo cual la respuesta tenderá a tener un viso subjetivo. Sin embargo, parece ser que quienes propugnan por dicha ley se decantan por una finalidad bipartita, la cual es, por un lado, proteger a la población "no fumadora" de tal nación, y por otro, desincentivar y reducir el consumo del mismo.

Ahora bien, proteger a una parte de la población, defendiendo así derechos como la salud y libertad de no fumar y no recibir las consecuencias de quienes lo hacen, si bien pudiera parecer una medida acertada, acarrea consecuentemente una limitación de derechos de quienes han decidido fumar, por lo que su libertad de decidirlo y hacerlo se ve claramente mermada. El asunto es, pues, a quienes dar preeminencia, y, si de lo justo se quiere hablar, la medida debería estar equilibrada entre ambos sectores. Los derechos de una persona terminan donde inician los de la otra, y por esto no se puede simplemente coartar la libertad de unos por proteger a otros, ya que ello significaría dar prioridad a algunos por razones que desde un análisis profundo carecerían de un serio y acertado fundamento.

Por otro lado, adoptar una medida como la simple prohibición para reducir el índice de fumadores está claramente probado por la historia que dichas "estrategias" resultan ineficaces, aunado a nuevas problemáticas a las cuales debe hacérseles frente y que terminan por empeorar la situación. Tal es el caso de los EE.UU. de la década de los años veinte y principio de los treinta con su famosa "Ley Seca", que aunque fue más radical y presenta sus singularidades, el trasfondo es el mismo, al dejar en claro que tales medidas prohibitivas no son la solución mágica a los problemas.

Si la ley tiene las finalidades antes descritas, el Estado no debe de prohibir con dicha ley el uso del tabaco en lugares públicos, pues además de resultar ineficaz, atenta contra la libertad de un sector de la población como parte de sus derechos fundamentales, y aunque pueda parecer contradictorio no contribuye a la conformación de un Estado Constitucional de Derecho.